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Lesa humanidad: Desde que asumió Macri, 51 genocidas obtuvieron la prisión domiciliaria

El represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien fuera director de Investigaciones de la policía y hombre de acción del general Ramón Camps, con decenas de crímenes de lesa humanidad comprobados, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y, pocos días después, se fue a disfrutar de unas vacaciones a Mar del Plata. Desde entonces, la mirada se ha puesto en la Justicia y en un supuesto cambio de paradigma que viene dado por el gobierno de ‘Cambiemos’.
El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata falló a su favor y armó las valijas para que este asesino se vaya a descansar.
Nada importaron los horrendos crímenes, violaciones y torturas que protagonizó en Circuito Camps, los nietos apropiados bajo su atenta mirada, su vinculación con la desaparición de Jorge Julio López o el hecho de que faltaban apenas unos días para el inicio de los juicios por el Pozo de Quilmes y el Pozo de Banfield. Según los jueces, había “motivos humanitarios” de por medio y eso fue suficiente.
Durante los primeros ocho meses de la gestión Cambiemos, un total de 51 genocidas recibieron este mismo beneficio. Esto marca una clara tendencia: La Justicia beneficia a 7 genocidas nuevos cada 35 días.
La prisión domiciliaria de Etchecolatz no fue efectiva inmediatamente. Aun restaba definir pedidos similares por otras dos causas y las movilizaciones que paralizaron a la ciudad de La Plata en repudio al fallo generaron una presión inédita en la Justicia.
En aquel momento, organismos de derechos humanos, grupos políticos, asociaciones sociales y estudiantiles, sacaron a la luz una supuesta complicidad entre los jueces actuantes y el gobierno de Cambiemos.
No obstante, un análisis pormenorizado llevado a cabo por los propios organismos de derechos humanos destacaron que difícilmente haya un correlato tan simple de analizar y reducir al “efecto cambio de gobierno”.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de un perfil furiosamente opuesto al actual, se le concedió la prisión domiciliaria a más de 400 genocidas, rompiendo el récord de Cambiemos y elevando el promedio a 9 beneficiados cada 35 días.
No obstante ello, cierto es que Víctor Basterra, uno de los principales testigos de la megacausa ESMA, declaró que Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, “les hizo saber a los jueces que la política del Gobierno es que los genocidas que cumplieron 70 años deben dejar los penales y ser trasladados a sus casas”.
Siguiendo esta pauta, existen causas que no tienen ni un detenido. Por ejemplo, la megacausa Arsenales II de Tucumán, en la que se juzgó a 37 represores por delitos de asociación ilícita, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía de diez personas, no tiene a ninguno detenido en cárcel común.
La mayoría de los presuntos genocidas y colaboracionistas civiles de la dictadura gozan del beneficio de prisión domiciliaria o fueron trasladados en el Hospital Militar Central.
Esto último fue terminantemente prohibido por el entonces ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, luego de numerosas fugas.
Hoy, de los 1.064 detenidos por crímenes de lesa humanidad, solo 449 están entre rejas. El resto, unos 533, gozan de prisión domiciliaria.

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