Volvieron a trabar ley para expropiar bienes de corruptos

La ley de extinción de dominio, que habilita al Gobierno a expropiar bienes originados por delitos como la corrupción, volvió a trabarse en el Senado tras un intento fallido de Federico Pinedo por imponer un dictamen sin mayoría propia en el plenario de comisiones.
Lo detuvo el Justicialismo, el kirchnerismo y también su compañero del PRO Ernesto Martínez, que ante la falta de consenso pidió no firmar ningún despacho hasta que no haya una negociación fructífera.
«La ley aprobada en Diputados hace dos años es un mamarracho y si la modificamos por mayoría simple la podrían ratificar. Negociemos un proyecto mejor. Háganme cargo a mí», propuso el cordobés ante la mirada de asombro de Pinedo.
Lejos de esa estrategia, el presidente provisional estaba dispuesto a que haya varios dictámenes y jugar a suerte y verdad en el recinto, donde tendría su tribuna para acusar a la oposición de cajonear la ley por dos años y proteger a los corruptos.
Es que aquella media sanción surgió con las imágenes frescas de José López arrojando bolsos de dinero a un convento y para la oposición carece de garantías mínimas. «Se parece a un organismo de la dictadura», llegó a decirle a Germán Garavano el jefe del Justicialismo Miguel Pichetto, víctima de un feroz ataque de los trolls por demorar la ley.
El año pasado intentó negociar un texto alternativo pero claudicó al no haber certezas de su sanción en Diputados. Tampoco la tienen ahora pero, como dijo Martínez, si la ley es aprobada con dos tercios la Cámara Baja, necesitaría esa mayoría para ratificar la versión original. Y no sería fácil que la consiguieran.
Pinedo quería apurar un dictamen y debatir a todo o nada en el recinto, pero su compañero Ernesto Martínez pidió negociar 15 días para llegar a un acuerdo. El kirchnerismo se sumó: propone expropiar bienes ante delitos financieros.
A Pichetto y Rodolfo Urtubey no les pareció mal la idea pero Pinedo la rechazó de inmediato. «Esta ley baja el umbral de garantías de los ciudadanos y por lo tanto es para atacar delitos complejos: narcotráfico terrorismo, trata y corrupción», se atajó.
Subsanado el tema de las garantías constitucionales, Pinedo insiste en que la extinción de dominio (o sea la apropiación de bienes por parte del Estado) debe ser mediante una acción civil, que pueda requerir un fiscal en cualquier momento.
Como ya habían anunciado en conferencia de prensa, Pichetto y su par Rodolfo Urtubey proponen para ese trámite una acción civil dentro del proceso penal, aplicable a partir de la primera sentencia y con intervención del procurador del Tesoro.
«Se dictaría una sentencia civil que extingue titularidad y el bien pasa a una agencia de bienes del Estado», precisó Pichetto, que estuvo asesorado por Ricardo Gil Lavedra.