INVESTIGAN RED DE ESPIONAJE DE LA VIDAL QUE GENERÓ CAUSAS PENALES SIN SUSTENTO LEGAL

En concordancia con el avance de un inminente megaescándalo político a nivel nacional y en CABA, tras descubrirse una red de espías a políticos de la oposición, que podrían llevar a la justicia al ex presidente Macri y al actual Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, ahora las miradas judiciales giraron hacia la provincia de Buenos Aires.
Ahora, la justicia platense citó a declarar como procesado por los presuntos delitos de intromisión ilegal y escuchas a civiles , funcionarios judiciales, municipales y de otros ámbitos, así como de peculado, a quien fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía bonaerense durante la gestión de Maria Eugenia Vidal, Guillermo Berra, y a su mu-jer, María Rosario Sardiña.
Si bien el abogado de los acusados, Marcelo Peña,aseguró a quien quiera oírlo que el tema «es falso, no hay un sólo testigo ni prueba y quieren hacer de ésto algo que no es», ambos ya fueron requeridos por la fiscal de la UFI N° 15 de La Plata, Cecilia Corfield, en el marco de una investigación en la que se considera que Berra se habría excedido, sin que esté claro con qué fines, en el ejercicio de sus funciones al frente de la dependencia ministerial.
Las escuchas e investigaciones que obran en la causa, se habrían realizado «sin autori-zación de funcionario alguno del Poder Judicial, es decir que ningún juez avaló las labores que Berra encabezaba al frente de Asuntos Internos».
Lo mas complicado de esto, que permitió descubrir la presunta red de escuchas ilegales, se desató a partir de la denuncia de un ex comisario que llevó a que la fiscal Corfield a allanar la sede de Asuntos Internos en octubre de 2019, y secuestró discos duros de varias computadoras con escuchas telefónicas y documentos relacionada con las investigaciones ilegales que se le imputan al ex funcionario.
Entre esas pruebas, habría comunicaciones entre el ministerio de Interior y la auditoría general de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires informando sobre los movi-mientos migratorios de la fiscal y al menos diez personas más.
Entre los escuchados y seguidos, se menciona a la fiscal de La Plata Silvina Langone, su hijo y su esposo, Tulio Marcheto.
Se habla de espionaje a policías y funcionarios oficialistas y opositores emparentando los hechos al escándalo ocurrido a nivel nacional. El ahora encarcelado ex juez César Melazo figura entre los espiados. Según obra en la causa, Berra y Sardiña entre los años 2016 y 2019 obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tenían que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial enmarcada en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09.
En su requerimiento, la fiscal da a modo de ejemplos que entre las personas jurídicas investigadas se encuentran el Poder Judicial, Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Sena-dores de la Provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Matanza, Municipalidad de José C. Paz, Municipalidad de Berazategui, Municipalidad de Lincoln, Municipalidad de Tres Arroyos, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad, Banco Santander Río S.A., entre otros.
También la investigación fiscal señala que «en relación a las personas físicas antes referidas, y a modo de ejemplo, habré de precisar: Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Patricio Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Al-berto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, entre otros».
El procesamiento del ex jefe de la AGA (Auditoría General de Asuntos Internos) y de su equipo de espías ilegales, echaría por tierra decenas de causas derivadas de las escuchas ilegales, que abrieron sumarios por distintos delitos entre los funcionarios espiados o ‘investigados’ por la red en cuestión.
Entre las víctimas de esa red se encuentra el ahora ex intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi y otros funcionarios, que fueron denunciados por esta gente sospechándose que el motivo inicial de las escuchas ilegales podría haber sido la extorsión, según fuentes judiciales.